Sobre el mal llamado testamento vital:

Cuando una persona llega a las últimas etapas de su vida no solo se pregunta sobre cuestiones sucesorias o qué pasará con mis cosas cuando no esté, también hay cuestiones de bienestar y operatividad personal.

Entre esta última documentación hay el equívoco llamado “testamento vital”, más bien documento de voluntades anticipadas, que se encuentra en la Ley 21/2.000, concretamente en el artículo 8, donde se define como un documento de instrucciones previas dirigido al médico responsable en el que la persona expresa su voluntad en relación a la asistencia médica que quiere recibir o que quiere que pase cuando uno falte.

De hecho, no podemos olvidar que un testamento y/o documento sucesorio no se puede abrir (expedir copia auténtica) hasta que no hayan pasado quince días desde la muerte de una persona, y por tanto no solo de instrucciones relativas a la asistencia médica, más bien de las relacionadas con la donación de órganos, incineración, entierro, ceremonia, … no serían conocedores los parientes o el círculo más próximo, y sería imposible su aplicación práctica e inmediata.

Este documento puede ser firmado por cualquier persona mayor de edad con suficiente capacidad y otorgamiento libre. Por lo tanto, en este documento vital se expresan las instrucciones a tener en cuenta cuando la persona se encuentre, en una situación en que las circunstancias que le afecten no le permitan expresar personalmente su voluntad no sólo en los casos relacionados al párrafo anterior, como las relativas a la última medicación paliativa o incluso, la eutanasia pasiva, ….
Por todo esto es más que coherente designar en el documento a una persona o personas, también mayores de edad y con plena capacidad de obrar, para mirar de ejecutar de la forma más plena el documento de voluntades anticipadas, y siempre, hay que reiterar en el supuesto de que la persona no pueda expresarse. En otras palabras, este documento no tiene validez mientras la persona pueda expresarse, siendo por lo tanto revocable siempre. En este sentido, la palabra de la persona en todo caso prevalecerá por encima del contenido del mencionado documento.

Además, cuando se designen más de una persona, hay que determinar si tienen que actuar de forma indistinta o conjunta o para qué casos tiene que ser de una manera o de la otra.

Lógicamente no puede haber instrucciones contrarias al ordenamiento jurídico o a la buena práctica médica; o bien que no se correspondan exactamente con el supuesto de hecho que la persona ha previsto en el momento de hacerlas. En estos casos, tendría que hacerse constar razonadamente la historia clínica del paciente.

Mediante este documento la persona se asegura que sus deseos y voluntades serán cumplidos escrupulosamente. Juntos, también se evitan dudas, dolor e incertidumbre de los parientes más próximos. En consecuencia, si hay voluntades anticipadas, las personas que las hayan otorgado, los familiares o sus representantes tendrán que entregarlo en el centro sanitario donde la persona sea atendida.

En esta línea se tiene que insistir que es de obligado cumplimiento para el personal médico, y en los casos de objeción de conciencia médica, se tiene que mirar la asistencia de otro facultativo del equipo o del centro sanitario, que puedan cumplir las voluntades anticipadas.

Con el paso del tiempo, si la persona cambia de idea, preferencias, deseos y/o necesidades, puede modificarlo y/o revocar parcial o totalmente el documento de voluntades anticipadas. La nueva escritura sustituirá de forma automática a la anterior.
La normativa catalana permite formalizar este documento por alguna de las siguientes vías:
– Ante Notario, caso en el cual no es preciso la presencia de testigos.
– Ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de los cuales dos de ellos no tienen que tener relación de parentesco hasta el segundo grado ni ser vinculados por relación patrimonial con el otorgante.

En el caso de Cataluña, por la propia Notaría se envía telemáticamente y gratuita el documento otorgado a un Registro administrativo específico de la Generalitat de Cataluña, y la persona tendrá una copia auténtica de la escritura.